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Entrevista a Manuela González Ursi y Damián Cejas: derecho a la Comunicación

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Manuela González Ursi y Damián Cejas son representantes de Atalaya Sur, una iniciativa de Proyecto Comunidad que apunta a la apropiación popular de la tecnología. Manuela es docente y Coordinadora del proyecto mientras que Damián es responsable del área técnica de la organización. 

– ¿Qué diagnóstico hacen desde “Atalaya Sur” del estado de situación de conectividad a internet a nivel nacional?

Si bien Argentina posee uno de los niveles más altos de penetración del servicio de banda ancha a nivel regional, su distribución en términos geográficos es totalmente desigual. Existe una gran concentración de los accesos a Internet en las principales ciudades, lo cual representa una pequeña porción del territorio argentino.
Asimismo, al interior de estos grandes centros urbanos hiperconectados, la desigualdad también se manifiesta: las villas y asentamientos así como no acceden a servicios públicos tampoco poseen conectividad.
Esta situación no es inesperada. Las empresas de telecomunicaciones sólo realizan inversiones y conectan habitantes en donde les es rentable hacerlo, una situación que se profundiza en Argentina por la concentración del mercado de las telecomunicaciones.
Por eso, conectar a los desconectados requiere de un Estado que intervenga con políticas públicas de conectividad.
Debemos plantearnos seriamente la cuestión de la conectividad en el plano del derecho a la comunicación. Todo el entramado de la fibra óptica de Arsat y su comunicación satelital, tiene que estar al servicio de una distribución que garantice el acceso de todos los habitantes. Por eso, en el marco de las exigencias hacia una comunicación democrática necesitamos por un lado, una nueva ley de telecomunicaciones en la cual se instituya como un derecho la distribución no comercial de la banda ancha de Arsat, sin que excluya la comercialización de la señal como un servicio básico. Por el otro, la implementación efectiva del Fondo de Servicio Universal, que es un recurso fundamental para que las redes comunitarias -que son las que pueden llegar a donde no llega el Estado ni el mercado- puedan expandirse y llevar conectividad a las zonas más olvidadas de nuestra patria.

– ¿Cómo es el proceso de trabajo entre las comunidades y la organización? ¿De qué manera observan que éstas se van apropiando de las tecnologías con las que empiezan a interactuar? ¿Qué impacto tiene esto para su vida cotidiana? 

Estamos en un contexto en donde la tecnología es el motor que mueve tanto material como simbólicamente al mundo. Hoy la “brecha digital” tiene consecuencias no sólo en una drástica reducción en las oportunidades de trabajo, acceso a la educación y la cultura, sino además en la instalación de problemáticas y reivindicaciones en la esfera pública. Es por ello que la organización es fundamental para la apropiación popular de la tecnología. Mediante la organización se logra dar cauce a las necesidades de los vecinos y vecinas al tiempo que la tecnología aparece como una herramienta de comunicación y organización al alcance de la mano de cualquier persona.
Es fundamental generar espacios de formación e información sobre las TIC desde las organizaciones. Es tan importante una charla de unos pocos minutos como un taller de tecnología de meses de duración. Los vecinos y vecinas pueden saberse y reconocerse más o menos cercanos al manejo de las TIC pero, sin lugar a dudas, todos reconocen por igual que dicho manejo es fundamental, hoy en día, para garantizar su pleno ejercicio de derechos.
Por este motivo, es necesario que las organizaciones libres del pueblo enfoquen sus esfuerzos por democratizar el conocimiento de la tecnología de acuerdo a los distintos niveles de conocimiento que tiene cada vecino sobre las TIC.
Por nuestra experiencia, existe una gran demanda de alfabetización digital encabezada por personas de edad media o avanzada, mientras que la demanda de conocimientos avanzados propios de los empleos del nuevo siglo está encabezada por los más jóvenes. Esto rompe con el imaginario social que liga a la tecnología como área de interés únicamente de las nuevas generaciones. La necesidad de comunicación, formación, información, en fin, de ejercicio de la ciudadanía es de todas las generaciones.
Desde Atalaya Sur buscamos apoyarnos en las tecnologías de telecomunicaciones para la constitución de un espacio público de participación de los vecinos y vecinas. No se trata de generar comunidades de consumidores sino de participantes activos, de productores de contenidos locales y tecnologías. Cuando un integrante de la comunidad comprende cuál es su rol respecto de las TIC y la importancia de éstas en la construcción de ciudadanía ya se logró recorrer parte del camino hacia la apropiación de la tecnología. Esto es algo muy importante que marca una diferencia fundamental respecto de cómo una comunidad se percibe y se sabe capaz de lograr satisfacer sus necesidades con las herramientas del futuro.

– ¿Cómo definen la relación construida, si es que la hay, entre las diferentes organizaciones como las de ustedes que promueven la apropiación de tecnología en las diferentes comunidades no conectadas y otros sectores como el público y privado? 

La unidad que se da entre los vecinos de una comunidad para lograr un objetivo en común, como la creación de una red comunitaria, es la misma que se da entre las organizaciones que promueven la apropiación de la tecnología para lograr dicho objetivo en conjunto.
Es por eso que constantemente surgen iniciativas de intercambio de materiales y conocimiento en general. Entendemos que este intercambio es de par a par. Por ello, en el ámbito de Internet, promovemos la neutralidad de la red. De este modo, así como promovemos que el conocimiento de la tecnología llegue a todos los vecinos y vecinas, también es necesario que dicho conocimiento o información pueda llegar a cualquier individuo sin barreras dentro de Internet.
En los últimos años hemos fortalecido los lazos con otras experiencias de redes comunitarias en la región. Si bien estamos en lugares diferentes y proponemos alternativas de conectividad diversas, las dificultades son similares y la respuesta colectiva es la misma. Somos comunidades organizadas exigiendo el derecho a la comunicación y dando respuesta de manera colaborativa.
Muchas veces encontramos posiciones opuestas a estas, que provienen tanto del sector público como del privado. Y por ello, creemos fundamental crear instancias de diálogo a fin de visibilizar nuestros puntos de vista, establecer acuerdos, sentar posiciones y generar sinergias. Ejemplo de esto es nuestra participación como organizaciones en foros de debate sobre Internet y tecnología, en general, tanto a nivel nacional como internacional.
El reconocimiento de las redes comunitarias a través de una licencia específica es un logro en Argentina. Que se reconozca a las redes comunitarias como pares en relación a redes estatales de alcance nacional como ARSAT u otras redes del sector privado, es un ejemplo de un futuro deseable de beneficio mutuo.
En muchas ocasiones las redes comunitarias se beneficiarían de infraestructura de telecomunicaciones existente para su desarrollo, pero al pertenecer dicha infraestructura a empresas privadas, no es posible darle esa mejor utilización. Un acuerdo posible de infraestructura compartida podría implicar una reducción de impuestos de servicio universal, en caso que se comparta con una red comunitaria, por ejemplo. Esto es posible únicamente con un Estado atento a las necesidades de sus habitantes.
Incluso los vecinos que se apropiaron de la tecnología y se conectan a través de las redes comunitarias son, en muchos casos, usuarios que incrementan el negocio de las demás empresas de telecomunicaciones o generadoras de contenidos, por lo que antes que competencia, las redes comunitarias y las organizaciones son aliados de la co-creación de Internet.
También consideramos fundamental la articulación entre el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro, también llamado “tercer sector”, siempre que esta unión permita avanzar en el acceso al Servicio Universal y al cumplimiento integral de la Ley Argentina Digital, generando puestos de trabajo genuino y capacitaciones en el territorio.

«Los vecinos y vecinas pueden saberse y reconocerse más o menos cercanos al manejo de las TIC pero, sin lugar a dudas, todos reconocen por igual que dicho manejo es fundamental, hoy en día, para garantizar su pleno ejercicio de derechos.»

– Las comunidades que han logrado conectarse a Internet ¿realizan un trabajo colaborativo con otras comunidades no conectadas para que puedan acceder a una red? De ser así ¿qué actores intervienen en este tipo de situaciones?

Es natural que, muy a pesar de las dificultades que existan para lograr conectividad, los vecinos de comunidades linderas e incluso distantes, se comuniquen y transmitan más tarde o temprano los beneficios de la red comunitaria activa. El espíritu de la red comunitaria y su condición de existencia, radica en que el conocimiento se transmita de vecino en vecino, tanto dentro como fuera de la comunidad. Cuando este proceso se inicia, empiezan a florecer iniciativas comunitarias de conectividad, principalmente, en aquellas comunidades organizadas. Más aún, donde no hay organización previa, la red comunitaria viene a traer dicha organización y a generar o fortalecer lazos sociales en la comunidad.
Lo interesante de este proceso de organización es que es difícil encontrar a algún actor de la comunidad que no se vea beneficiado y que no encuentre su lugar en la red. Por ello mismo es destacable la variedad de actores que terminan involucrándose en el armado de la red comunitaria: organizaciones sociales y políticas, centros de jubilados, iglesias, escuelas, institutos de formación, universidades, empresas privadas, locales comerciales barriales, gobiernos locales, centros de salud, organismos estatales nacionales a través de sus representaciones locales, entre otros.
En este proceso de transmisión de conocimientos, apropiación popular de tecnología y alfabetización digital, las organizaciones reconocemos que estamos realizando una tarea que debería realizar el Estado. Dado que es una tarea que realizamos por convicción al estar a la par de los vecinos, seguiremos realizándola, no sin antes destacar que es una tarea que sería mucho más fácil efectuar y sería mucho más rápida su difusión si hubiera algún programa estatal que apoye, fomente y financie este tipo de iniciativas. Entendemos que es un pendiente de todos los Estados, por lo menos de la región LAC.

– ¿Qué obstáculos encuentran las organizaciones sociales para acceder a una licencia para redes comunitarias? ¿Cuál es la forma de afrontar ese tipo de inconvenientes?

Es de destacar que, actualmente, este tipo de licencia existe sólo en Argentina y es un buen primer paso a emular por el resto de los países. No obstante, por las propias limitaciones de la licencia y por la falta de políticas públicas que la acompañen, no termina de tributar al crecimiento de las redes comunitarias.
Actualmente, las organizaciones sociales como la nuestra, cuyo trabajo se centra en comunidades o barrios urbanos, enfrentan el desafío de encontrarle una utilidad a la recientemente creada licencia de redes comunitarias que restringe su representación a poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
Tampoco terminó de resolver la necesidad de financiamiento de las redes ya que si bien la licencia es un requisito para acceder a los Fondos de Servicio Universal, que administra el mismo organismo que otorga las licencias, prácticamente todo el resto de los requisitos no aplican a una red comunitaria como, por ejemplo, el plan de negocios, la obligación de realizar el 20% de la inversión con fondos propios o encontrarse en una localidad de menos de 10.000 habitantes. Es decir, no es un sistema preparado para ayudar a las redes comunitarias sino todo lo contrario.
La solución es el reconocimiento de la naturaleza de las redes comunitarias y la generación de una licencia que las represente. Luego, la generación de un proyecto de aplicación de los fondos de servicio universal específico para redes comunitarias, lo cual es el principal objetivo por el que cualquier actor está interesado en acceder a una licencia hoy en día. Y en nuestro caso específico, nuestra principal demanda es que se incluyan a las villas y asentamientos urbanos que se especifican en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el acceso al Servicio Universal y a la Red ARSAT.

– ¿Cuáles son los desafíos y objetivos que deben plantearse para los próximos años?

Entendemos que la unidad hace a la fuerza, tanto dentro de la comunidad, como entre las organizaciones. Ello es incluso una condición de existencia de las redes comunitarias, por lo que es inevitable continuar articulando y generar iniciativas enfocadas a fortalecer a las redes comunitarias desde todos los puntos de vista: técnico, económico, social, legal.
Entendemos que hay mucho terreno para ganar en todos los países de la región. Se debe avanzar en la generación de licencias, aplicación específica de fondos para fortalecimiento y capacitación, generación de legislación que reconozca el rol de las redes comunitarias,  acuerdos de libre tránsito, etc. Los objetivos plasmados en el documento de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias de 2018 siguen igualmente vigentes hoy en día. Pocos son los logros desde aquella formulación, pero muchos los esfuerzos realizados por las organizaciones en este camino hacia la justicia social.

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Publicado por Pablo Ceccarelli

Periodista. Presidente de la Asociación de la Prensa Digital Argentina.

¿Pampita o Nicole?

Piumato durísimo con el gobernador Bordet